Javier Biosca Azcoiti -Icíar Gutiérrez/eldiario.es
España pagará a Irak una deuda de 11,9 millones de euros del programa Petróleo por Alimentos a cambio de invertir ese dinero íntegramente en empresas españolas para la reconstrucción del país. Un ejemplo más de otras iniciativas con un trasfondo de ayuda al desarrollo que acaban, en la práctica, como contratos y adjudicaciones para empresas españolas.
El gobierno español ha incluido en varias ocasiones la condonación de deuda a otros países en el cómputo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esas operaciones incluyen a menudo los llamados Programas de Conversión de Deuda en Inversiones (PCD), que obligan al Estado “beneficiado” a abrir un fondo para la financiación de inversiones que ejecutarán, normalmente, empresas españolas.
El objetivo de esas inversiones es «que favorezcan su desarrollo económico, social y la reducción de la pobreza» en el país en cuestión. Estos programas guardan ciertas similitudes con el proceso acordado recientemente entre España e Irak, con la diferencia de que en estos casos España no es el deudor, sino el acreedor.
En 2015 y 2016, España perdonó a Cuba una deuda de unos 1.900 millones de euros a cambio de que el gobierno caribeño invirtiese 415 millones en empresas españolas para fomentar «el desarrollo económico y social» de la isla.
Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se apuntó otro tanto más: tras seis años consecutivos de recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que entre 2009 y 2015 se redujo un 73%, decidió sumar los 1.900 millones de las operaciones de deuda al cómputo oficial de ayuda al desarrollo. Entre ellos estaban los 415 millones del llamado Fondo de Contravalor.
Gráfico de la evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo elaborado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
Esta operación disparó las cifras que reflejan los fondos que España destina a cooperación hasta los 3.700 millones de euros (0,33% de la Renta Nacional Bruta). Si no se hubiese incluido esta partida, se habría quedado en un 0,16%. La maniobra fue criticada por las ONG, que acusaron al gobierno de inflar las cifras de ayuda al desarrollo, es decir, de incluir partidas que no tienen como destino la lucha contra la desigualdad en países empobrecidos.
El llamado Fondo de Contravalor creado para el caso cubano, empleado para engordar las cifras de ayuda, permite el acceso a empresas mixtas hispano-cubanas, de capital 100% español o de capital 100% cubano siempre que adquieran bienes o servicios españoles. Entre los sectores beneficiados por el fondo de 415 millones está el turismo, envases y embalajes, el sector agroalimentario, la construcción y la automoción, como informó el pasado mayo la Moncloa tras una reunión de la ministra Reyes Maroto con empresarios hoteleros.
«El programa constituye un incentivo importante para impulsar las inversiones españolas en Cuba», subrayó entonces la titular de Turismo. En noviembre, durante el viaje de Pedro Sánchez a Cuba se firmaron dos proyectos, uno de producción de pinturas y otro de alcohol, con cargo a este fondo.
Si bien los Gobiernos pueden computar las operaciones por las que perdonan la deuda a otros países como cifras de ayuda al desarrollo –algo que la OCDE permite para su club de donantes-, y en el sector de la ONG se entiende que esto permite a los países empobrecidos utilizar los recursos para políticas de reducción de la desigualdad, su inclusión dentro de las estadísticas de AOD es polémica.
Desde Oxfam critican que en la mayoría de los casos, la condonación a un país, «a pesar de ser algo positivo, no va a tener una incidencia real sobre la vida de su población».
En el caso de Cuba, pese a que el dinero del fondo sirvió para aumentar drásticamente las cifras de AOD, desde la embajada española argumentaron a Europa Press en 2016 que «no son fondos de cooperación al desarrollo, aunque sin duda contribuyen indirectamente al desarrollo en el país al tratarse de infraestructuras». Actualmente existen este tipo de programas de Conversión de Deuda en Inversiones con 18 países como Argelia, Costa de Marfil, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Honduras y Uganda, entre otros.
El Fonprode, un mecanismo polémico
Uno de los instrumentos fundamentales de la cooperación española que abre la puerta a financiar proyectos ejecutados por empresas es el denominado Fondo para la Promoción al Desarrollo (Fonprode), concebido en un principio para operaciones no reembolsables, es decir, sin la necesidad de que los países receptores devolviesen la aportación. Sustituyó al ya extinto Fondo de Ayuda al Desarrollo, criticado por conceder ayudas ligadas a la compra de bienes y servicios españoles.
Tras la crisis económica, el instrumento financiero acabó prácticamente con las donaciones y, en la actualidad, concede sobre todo ayudas reembolsables. En la práctica son préstamos otorgados a través de intermediarios financieros de terceros países, fondos de inversión u organismos que a su vez financian empresas que ejecutan proyectos, entre las que puede haber adjudicatarias españolas.
El listado de compañías que reciben estos fondos no es público. Ante una petición de información de eldiario.es amparada en la ley de transparencia, el Gobierno de Rajoy se negó a facilitar la información aduciendo que los destinatarios finales de la financiación del Fonprode «no pueden ser divulgados por motivos de confidencialidad»
El Fonprode acumula años de críticas de ONG y expertos, que consideran que los principios que inspiraron la creación del fondo –desvincular la ayuda al desarrollo de la política comercial– quedaron en entredicho tras la reforma de 2014, que dio un mayor peso a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), sociedad adscrita al Ministerio de Economía que busca la internacionalización de las empresas españolas.
En 2016 en un informe del Tribunal de Cuentas constató que parte de ese dinero público se transfiere a los países empobrecidos a través de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales. Un año antes, en 2015, varias ONG demostraron que una de las empresas financiadas por este mecanismo, Feronia Inc., dedicada al monocultivo de palma para aceite en República Democrática del Congo, acarreaba numerosas denuncias de explotación laboral.
«Invertir en este tipo de mecanismos es muy fácil para el Estado porque lo gestiona un fondo que está en otra parte», indica Miquel Carrillo, vocal de coherencia de políticas de la Coordinadora de ONGD. «La tendencia de la cooperación internacional es apoyar cada vez mas la cooperación financiera».
El Fondo del agua
Además del Fonprode, la cooperación española cuenta con otro mecanismo de financiación de proyectos en países empobrecidos que pueden ser ejecutados por empresas españolas, el Fondo del Agua. Este instrumento concede sobre todo ayudas no reembolsables y, en algunos casos, préstamos dirigidos a financiar proyectos y grandes infraestructuras para el acceso al agua potable y saneamiento en América Latina y el Caribe: plantas potabilizadoras, alcantarillado, instalaciones para el tratamiento de aguas residuales…
Estas ayudas pueden ser solicitadas por las administraciones públicas de los países receptores, que ejecutan directam
ente los proyectos y sacan las licitaciones. A estos concursos pueden presentarse diferentes compañías, locales e internacionales, a las que se le adjudican los contratos. «Todos los instrumentos que acaban en licitaciones generan grandes fondos, los pasillos funcionan y las embajadas proveen», señala Carrillo
. «Muchas empresas españolas se llevan dinero a través de licitaciones. No está condicionado a estas compañías, pero en la práctica tienen la ventaja de que son competitivas, por ejemplo, a nivel tecnológico y se ven con buenos ojos», añade. Por ejemplo, la multinacional Aguas de Barcelona fue seleccionada en 2011 por el Gobierno de Haití para prestar asistencia técnica a la gestión del sistema de agua potable en Puerto Príncipe durante tres años.
En un gráfico interactivo, El Confidencial recoge el estado de 65 programas en marcha del Fondo del Agua en América Latina. Entre ellos figuran adjudicatarias españolas como Typsa. También se beneficiaron de estos fondos de la cooperación cooperación española algunas empresas investigadas por la Audiencia Nacional en la trama Lezo por pagar comisiones a cambio de obra pública en países del continente americano, como Metroagua, filial del Canal de Isabel II en Colombia.
Desde el gobierno de España se han desembolsado 791 millones de euros en donaciones en el marco del Fondo del Agua, según recoge la web de la AECID. La Coordinadora de ONGD cuestiona que, año tras año, se dote al fondo de dotación presupuestaria, al igual que al Fonprode, a pesar de su «baja capacidad de ejecución», mientras otras partidas que «más contribuyen al desarrollo se mantengan prácticamente estancadas».
Anexo
Irak, contratos para constructoras españolas
Javier Biosca Azcoiti|
España pagará a Irak su deuda del programa Petróleo por Alimentos a cambio de contratos con constructoras españolas. Entregará a Irak los 11,9 millones de euros de deuda de un programa pensado en 1995 para aliviar la crisis humanitaria. Pero el pago tiene una condición: ese dinero servirá para la «participación de empresas españolas en la reconstrucción del país»
Irak no garantiza que la población de ciudades como Mosul pueda volver a sus casas: quiere redefinir el urbanismo desde cero
De Petróleo por Alimentos a petróleo por ladrillo español. España pagará una vieja deuda de 11,9 millones de euros por petróleo a cambio de que se invierta íntegramente en empresas españolas para la reconstrucción del país tras la guerra contra ISIS. El nuevo acuerdo ha sido firmado en febrero de 2019, según han confirmado a eldiario.es fuentes del Gobierno.
La historia viene de lejos. España compró petróleo a Irak en los 90 en el marco del programa Petróleo por Alimentos de la ONU, con el que se buscaba que el dinero de aquellos pagos no se usara para fines contrarios a los derechos humanos. El dinero debía usarse obligatoriamente para comprar alimentos y otros bienes de primera necesidad para la población iraquí. Casi tres décadas después, el Gobierno de España ha aceptado pagar los 11,9 millones de euros que faltaban por abonar a Irak, pero modificando el acuerdo: el país árabe tendrá que adjudicar contratos a empresas españolas para la reconstrucción del país.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo señala que el pago no se completó en su momento «debido a la evolución de la situación en aquel país». Desde el final del programa, Irak ha sufrido la invasión estadounidense de 2003, una posterior guerra civil que asoló el país durante años y la aparición y auge de ISIS.
Ambos países firmaron en febrero de 2019 un memorándum de entendimiento, «en virtud del cual, Irak podrá recuperar los fondos remanentes en instituciones financieras españolas del programa Petróleo por Alimentos», según ha informado el Ministerio de Exteriores. «Por ese conducto, se facilitará la participación de empresas españolas en la reconstrucción del país», ha añadido.
Dos años después de la derrota de ISIS, parte del país sigue destruido. Irak afirmó en 2018 que necesitaría 88.200 millones de dólares para reconstruir las ciudades asoladas por la guerra. En Mosul, por ejemplo, las autoridades no quieren que la gente reconstruya sus hogares y abogan por levantar una ciudad desde cero en algunas de las zonas más afectadas.
Tras la invasión de Kuwait en agosto de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones al régimen de Sadam Husein prohibiendo al resto de países importar «todo tipo de mercancías y productos producidos en Irak o Kuwait».
La invasión de Kuwait desencadenó la Guerra del Golfo (agosto 1990 – febrero 1991) que, junto al efecto de las sanciones, provocó una crisis humanitaria. Para aliviar la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU establece en 1995 el programa Petróleo por Alimentos, ofreciendo a Irak la oportunidad de vender una cantidad de petróleo determinada para financiar exclusivamente productos humanitarios.
España firmó un acuerdo con Irak en línea con el programa establecido por la ONU y del que «quedan pendientes por desembolsar 11,9 millones de euros», señala la web del ICEX, entidad encargada de promover la internacionalización de las empresas españolas. El Ministerio llevaba desde 2013 buscando una operación con la que cerrar favorablemente la ejecución de dicho protocolo.
El programa Petróleo por Alimentos acabó en 2003 con la invasión de EEUU y la caída del régimen de Sadam Husein. En lo que duró el programa, entre diciembre de 1996 y noviembre de 2003, el programa de la ONU generó 46.000 millones de dólares, de los cuales un 72% (31.000 millones) se destinaron a ayuda humanitaria; el 25% (11.500 millones) se dedicó a reparaciones de guerra; el 2,2% a los costes administrativos y operativos de la ONU; y el 0,8% al programa de inspección de armas.
Foco de corrupción
El programa de la ONU acabó siendo un gran foco de corrupción que facilitó el enriquecimiento del régimen de Sadam Husein y su entorno –precisamente el objetivo que intentaba evitar– mediante el pago de comisiones ilegales y el tráfico ilegal de petróleo.
Un informe independiente encargado por la ONU concluyó que más de la mitad de las empresas que participaron en el programa (2.392 de 3.862) pagaron comisiones ilegales, lo que resultó en unos ingresos ilícitos de 1.800 millones de dólares. Se calcula además que el gobierno de Sadam obtuvo otros 11.000 millones de dólares por el tráfico ilegal de petróleo. El informe acusó incluso al director del programa, Benon Sevan, de cobrar ilegalmente 120.000 euros en sobornos.
Según el informe, 46 de las 87 empresas españolas que participaron en el programa “humanitario” realizaron pagos irregulares al régimen de Sadam. El monto aproximado de los recargos y sobornos pagados por las empresas españolas para obtener contratos dentro del programa ascendió aproximadamente a 8,64 millones de dólares.
