Manuel Panero Schipper, Daniel Libreros Caicedo|
Argentina enfrenta por octava vez en su historia una situación de incumplimiento crediticio. Se encuentra manteniendo una tensa negociación con los principales fondos de inversión (grandes administradores de acciones, títulos de deuda pública y privada) que ofician de acreedores, y que se encuentran agrupados en dos bloques, concentrando un poco más del 30% del volumen de las acreencias, lo que les permite impedir la utilización por parte del país, a pesar de la estafa especulativa que ha significado este endeudamiento,las cláusulas de acción colectiva (collective actionclauses, en los prospectos de emisión de los bonos soberanos).
Estas cláusulas, si bien varían en cada caso particular, exigen en algunos casos hasta un consenso del 75%por parte de los dueños de los bonos para que el país pueda proponer modificaciones en las condiciones del endeudamiento. 
Estas cláusulas de acción colectiva se establecieron en el derecho internacional para este tipo de negociaciones como una salvaguarda para los Estados, per oen los hechos la capacidad de inversión de los intermediarios financieros resultado de la gran concentración de la riqueza que ha posibilitado la financiarización de la economía, las convierte en inoficiosas. Dado que es imposible obtener un consenso con el 75% de los acreedores, Argentina se encuentra técnicamente en default desde hace varios días.
Sin embargo, y a pesar de ello, el país mantuvo líneas abiertas de negociación. Los acreedores son conscientes de que ninguno de ellos puede obtener el 100% nominal de los bonos por lo que han propuesto un monto de sesenta centavos por cada dólar. El gobierno argentino inició la negociación aceptando pagar por debajo de cuarenta centavos por dólar, aunque todo hace inferir que podrí mejorar su propuesta, ofreciendo por arriba de cincuenta centavos por dólar adeudado.
l 1 de junio se conoció que catorce acreedores, representados por sus asesores legales, firmaron un acta e ndond eafirman no haber recibido los pagos esperados por parte de Argentina, y consideran cumplidos los requisitos para situar al país como incumplidor de pago, lo que técnicamente los habilita a ejecutar los seguros que avalan sus préstamos por incumplimiento.
Entre los acreedores que oficializaron el incumplimiento se encuentran Bank of America N.A., Barclays Bank plc, BNP Paribas, Citibank, N.A., Credit Suisse International, Goldman Sachs International, JP Morgan, Chase Bank, N.A., Deutsche Bank AG, Mizuho Securities Co, Ltd Citadel Americas, LLC Pacific Investment Management Co., LLC Alliance, Bernstein, L.P. Cyrus Capital Partners, L.P. Elliott Management Corporation,
El caso de L.P. Elliott Management Corporation debe resaltarse por cuanto se trata del fondo buitre comandado por Paul Singer, con sede en Nueva York, pero que también está vinculado a sociedades financieras establecidasen Islas Caimán, y que mantuvo un litigio con la República Argentina que duró más de una década, luego de no aceptar las propuestas de reestructuración de deuda que el país pactó en 2005 y 2010. Finalmente, durante los primeros meses de mandato de Mauricio Macri, obtuvo los pagos exigidos,premiando aquel gobierno al acreedor buitre. Corría el año 2016. Y fue tan solo el inicio de una profundización nunca antes vista del endeudamiento externo argentino.
En lo que se refiere a los créditos con los organismos multilaterales, debe resaltarse el hecho de que el Fondo Monetario Internacional prestó a Argentina más de 60 mil millones de dólares en una sola emisión, lo que constituye el préstamo más grande de esa institución desde cuando fue creada. Para ello, se emitieron bonos a largo plazo, por miles de millones de dólares y con fechas de maduración de décadas (en un caso, hubo un bono a cien años, insólito en la historia financiera internacional). El endeudamiento argentino alcanzó ya casi el 90% del PBI al finalizar el periodo presidencial de Macri, en diciembre del 2019 .
Entonces, la bomba de los vencimientos con acreedores comenzó y aú nfaltaba la pandemia del COVID-19. El dilema en que se encuentra en la actualidad Argentina es el de proteger socialmente, en medio de las dificultades que plantea la pandemia, a sus 45 millones de habitantes, de los cuales ya el 40% ,transita en niveles de pobreza, en mucho a causa de los planes de los ajustes impuestos para pagar estos endeudamientos con el capital transnacional,o someterse nuevamente a largos litigios con acreedores, que tienen la ventaja de una legislación comercial hecha a su medida.
Por ahora, Argentina, país con el segundo PIB en tamaño de Sudamérica, ha ingresado, una vez más, a la categoría de país en default. Los pueblos latinoamericano observan expectantes el camino que se recorra a partir de ahora.El dilema entre reconocer una deuda especulativa o resolver las necesidades básicas de la población será uno de los dilemas que aparecerá nuevamente cuando lleguemos al período post covid-19. Desde ya se avizora en el horizonte de nuestras economías fragilizadas por una crisis sin precedentes.
*Investigadores del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Miembros de la Red Internacional de Cátedras Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública. RICDP
