José Menezes Gomes|
La deuda pública brasileña comenzó poco después de la proclamación de la independencia con la transferencia de una deuda que Portugal había contraído con banqueros ingleses. Solo se pasó a Brasil la obligación de pagar, pero el dinero nunca llegó aquí. Luego, durante la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1864 – 1870), se hicieron nuevos préstamos para financiar el esfuerzo militar de interés para Inglaterra . En la década de 1930, el gobierno de Getúlio Vargas realizó una auditoría 1 de esta deuda, que resultó en una reducción de aproximadamente la mitad del stock de deuda ilegal, reduciendo también el volumen de pagos.
Durante el Régimen Militar y en un intento por legitimar a los gobernantes no electos, también se hicieron préstamos externos para apoyar a la burguesía que apoyaba tal régimen. Sin embargo, la implantación del Plan Real, bajo la justificación de apuntar a la estabilidad monetaria, terminó desembocando en la desestabilización de las cuentas públicas y de la economía, como consecuencia del constante aumento de las tasas de interés para atraer y prevenir la fuga de capitales. Así fue durante la crisis mexicana en 1995, la crisis asiática en 1997, la crisis rusa en 1998 y la crisis argentina en 2001.
Sin embargo, la estabilidad monetaria obtenida con el Plan Real permitió la elección de FHC que allanó el camino para las diversas reformas, el fortalecimiento del neoliberalismo y el proceso de privatización. La década de 1990 2 también estuvo marcada por acuerdos con el FMI que exigieron la intensificación del proceso de privatización a nivel federal y estatal; la renegociación de las deudas de los estados, además de profundizar las contrarreformas.
Además, 1997 también representó el colapso fiscal de los estados. En ese momento, varios estados se quedaron sin pagar a los servidores públicos, lo que provocó que se produjeran varias huelgas de servidores. Como resultado de la unificación de la lucha de funcionarios civiles y militares, tuvimos movilizaciones en varios estados que llevaron a la caída del gobernador. Alagoas fue el caso más emblemático, donde los servidores que estuvieron nueve meses sin recibir una gran movilización entre militares y civiles, que culminó con la caída del gobernador Divaldo Suruagy.
La respuesta a este impasse y el cumplimiento de los requisitos del mercado llegó con la Ley 9.496 / 97, mediante la cual la Unión refinanció las deudas de los estados, es decir, la Unión adeuda a los acreedores de los estados y los estados pasaron a ser adeudados a la gobierno federal durante 30 años. Como resultado, el proceso de privatización en los estados se profundizó, con énfasis en la privatización o liquidación de los bancos estatales.
Como resultado, la mayoría de las empresas estatales fueron privatizadas o liquidadas y en casi todo este proceso de privatización se utilizó dinero estatal subsidiado, especialmente del BNDES.
En el caso de la banca estatal contamos con la creación del PROES 3 (Programa de Reestructuración Bancaria del Estado), que correspondía a la transformación de los pasivos bancarios en deuda pública estatal, de tal forma que solo se traspasaba a la banca nacional la denominada parte sana de la banca. y extranjeros, mientras que las obligaciones de los bancos estatales que formaban sus pasivos fueron incorporadas a la deuda pública de cada estado.
Veinte años después, los estados volvieron a reclamar calamidad financiera y exigieron una nueva etapa de renegociación por otros veinte años, y el Gobierno Federal, a través de la Ley Complementaria 156 de 2016, volvió a exigir la privatización de las restantes empresas estatales, en especial de aguas, nuevamente. aproximadamente el 80% del dinero proviene del BNDES.
Además, los estados iniciaron un nuevo ciclo de endeudamiento interno y externo e incorporaron las reformas propuestas por el gobierno federal, atacando a servidores y servicios públicos. En las últimas décadas, los servidores públicos, de diversos ámbitos, se han colocado como responsables de la expansión del gasto público, cuando de hecho el servicio de la deuda ha comenzado a mantener una participación creciente del presupuesto público, además de incidir en todo el funcionamiento de la economía.
La Reforma Administrativa enviada por el gobierno federal tiene como objetivo sincronizar el fin del servicio público, tomando como justificación la deuda pública. Utilizar la deuda pública como justificación de las reformas neoliberales es parte del ritual seguido por diversos gobiernos y partidos en diferentes momentos en el proceso de destrucción de derechos sociales en los más variados países. La actual reforma administrativa propuesta es un hijo tardío de este proceso de estabilización monetaria, desestabilización de las cuentas públicas y la economía.
El carácter de clase del Estado se hace más evidente cuando analizamos la hoja de cálculo de la Secretaría del Tesoro Nacional 4 , con datos del Banco do Brasil, que trata sobre la composición de la deuda corriente de los Estados, especialmente la relevancia de la deuda proveniente del PROES sobre la deuda pública. de estados renegociados en 2016. En este momento, podemos ver el impacto de esta incorporación de los pasivos bancarios a la deuda estatal, comprometiendo el financiamiento de los servicios públicos, como se muestra a continuación.
En 2016, cuando el Estado de Acre renegoció su deuda pública por otros veinte años de acuerdo con la Ley Complementaria 156, la participación de PROES en el nuevo saldo de la deuda fue del 93% o R $ 321 millones 1 de BANACRE. El Estado de Alagoas tenía una participación del 35,78% o R $ 2,3 mil millones derivados de PRODUBAN. El Estado de Amazonas tenía el 100% o R $ 546 millones, provenientes de BEA. Los pasivos de BANEB representaron el 72% o R $ 3,3 mil millones de la deuda pública en Bahía. En Ceará, BEC determina el 100% o R $ 879 millones de la deuda renegociada.
En Espírito Santo BANESTES aportó el 41% o R $ 684 millones de la deuda del Estado. En Goiás, BEG representó el 9,5% o R $ 333 millones del nuevo saldo de deuda. En Maranhão, la participación de BEM fue del 70,7% o R $ 766 millones, sobre el saldo de deuda renegociado. En Mato Grosso, BEMAT representó el 22,9% o R $ 490 millones de la nueva deuda renegociada.
En Minas Gerais, la participación de BEMGE fue del 29% R $ 23,9 mil millones en el saldo refinanciado en 2016. El Estado de Pará tenía una participación del 37,57% en BANPARÁ o R $ 360 millones en el saldo de la deuda renegociada.
El Estado de Paraná en ese momento tenía una participación del 90% o R $ 8,8 mil millones, provenientes del famoso BANESTADO. El Estado de Pernambuco tiene una de las participaciones más altas con 92,3% o R $ 2,9 mil millones, provenientes de BANDEPE sobre la deuda pública renegociada en 2016. El Estado de Rondônia tiene 80,1% o R $ 1 en BERON, 9 mil millones determinando el saldo renegociado. En Roraima BANER representa el 53,3% o R $ 97 millones del nuevo saldo de la deuda.
BESC tiene una participación del 59,3% o R $ 5,6 mil millones en la deuda renegociada en 2016. El Estado de Rio Grande do Norte, renegociado por la Ley Complementaria 148/2014, tiene el 100% o R $ 254 millones provenientes de Bandern. En Rio Grande Sul, BANRISUL, que no ha sido privatizado, determina el 20% o R $ 11,6 mil millones del saldo de la deuda renegociada en esa fecha. En el estado de Sergipe, BANESE, representa el 10,7% o R $ 110 millones, aunque no ha sido privatizado.
Para facilitar la comprensión del impacto que tenemos que recordar que incluso este s estados que ya ha pagado un alto volumen de los fondos de la Unión – equivalente a más de 3 veces la cantidad refinanciada en los años 90 – la tabla proporcionada por STN indica que no quedaría un volumen mucho gran cantidad de deuda proveniente del PROES, que compromete el financiamiento de las universidades estatales y otros servicios públicos.
Los datos presentados nos llevan a la necesidad de profundizar la auditoría ciudadana en cada estado con un gran énfasis en los pasivos de estos bancos estatales, los cuales se transformaron en deuda pública, pues de donde ya se ha realizado esta investigación, se sabe que parte de la brecha en estos bancos estatales deriva los préstamos de las burguesías regionales, que ostentan el poder económico y, a su vez, el poder político estatal y federal; los mismos que están defendiendo la Reforma Administrativa y que ya votaron en las reformas laborales, previsionales etc.
De esta forma, la privatización iniciada a fines de la década de 1990 sigue amplificando la deuda de los estados, mientras se intenta decidir la liquidación final de los servicios públicos con la privatización, con dinero del BNDES, de las restantes empresas estatales, mientras los estados continúan. pedir prestado más dinero a los bancos (pagando tasas de interés mucho más altas que las que ofrece el BNDES a los beneficiarios de las privatizaciones), hacer exenciones fiscales para grandes grupos y cobrar impuestos a los pobres y permitir que el sector financiero obtenga ganancias aún mayores, mientras mantenimiento de los servicios públicos esenciales para la población. No canjear deuda contraída en favor de intereses privados por universidades públicas.
Notas
1 Ver https://auditoriacidada.org.br/conteudo/artigo-auditoria-e-divida-externa-licoes-da-era-vargas-reinaldo-goncalves/
2 Los acuerdos se han renovado desde la década de 1990. Ver este libro desde la página 84 en adelante. https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Livro-Auditoria-Cidada-da-Divida-dos-Estados.pdf )
3 Véase el capítulo VIII del libro “Auditoría ciudadana de la deuda de los Estados” disponible en https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Livro-Auditoria-Cidada-da-Divida-dos-Estados. pdf
4 Véase https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:26242
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*Catedrático de la UFAL, coordinador del Núcleo de Auditoría Ciudadana de Alagoas, miembro de la Red de Cátedras de Deuda Pública
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VERSION EN PORTUGUÉS
Não troque a dívida pública vinda do PROES pelas universidades públicas
José Menezes Gomes|
A dívida pública brasileira teve início logo após a proclamação da independência com o repasse de uma dívida que Portugal havia contratado junto aos banqueiros ingleses. Somente a obrigação de pagar foi repassada ao Brasil, mas o dinheiro nunca chegou aqui. Em seguida durante a Guerra da tríplice aliança contra o Paraguai (1864 – 1870) novos empréstimos foram feitos para financiar o esforço militar de interesse da Inglaterra.
Na década de 1930, o governo de Getúlio Vargas fez uma auditoria1 dessa dívida, que resultou em redução de cerca de metade do estoque da dívida ilegal, reduzindo-se também o volume de pagamentos.
Durante o Regime Militar e na tentativa de legitimar governantes não eleitos os empréstimos externos foram feitos para dar sustentação também à burguesia que apoiava tal regime. Todavia, a introdução do Plano Real, sob a justificativa de visar a estabilidade monetária, acabou por levar à desestabilização das contas públicas e da economia, fruto da constante elevação da taxa de juros para atrair e evitar a fuga de capitais. Foi assim durante a crise mexicana em 1995, a crise asiática em 1997, a crise russa em 1998 e argentina em 2001.
No entanto, a estabilidade monetária obtida com o Plano Real possibilitou a eleição de FHC que abriu caminho para as várias reformas, o fortalecimento do neoliberalismo e o processo de privatização. A década de 902 foi marcada também por acordos com o FMI que exigiam a intensificação do processo de privatizações na esfera federal e estadual; a renegociação da dívida dos estados, além do aprofundamento das contrarreformas.
Além disso, o ano de 1997 também representou o colapso fiscal dos Estados. Naquele momento, vários estados ficaram sem pagar os servidores públicos, levando à ocorrência de várias greves de servidores. Fruto da unificação da luta dos servidores civis e militares tivemos em vários estados mobilizações que levaram até à queda de governador. Alagoas foi o caso mais emblemático, onde os servidores que estavam nove meses sem receber realizaram uma grande mobilização entre militares e civis, que culminou com a queda do governador Divaldo Suruagy.
A resposta a este impasse e o cumprimento das exigências do mercado veio com a Lei 9.496/97, mediante a qual a União refinanciou as dívidas dos estados, ou seja, a União passou a dever aos credores dos estados e os estados passaram a dever ao governo federal por 30 anos. Com isso, aprofundou-se o processo de privatização nos estados, com destaque para a privatização ou liquidação dos bancos estaduais. Desta forma, grande parte das empresas estaduais foram privatizadas ou liquidadas, sendo que em quase todo esse processo de privatização ocorreu uso de dinheiro estatal subsidiado, especialmente do BNDES.
No caso dos bancos estaduais tivemos a criação do PROES3 (Programa de Reestruturação dos bancos estaduais), que correspondeu à transformação dos passivos dos bancos em dívida pública dos estados, de tal forma que somente a chamada parte saudável dos bancos foi repassada para bancos nacionais e estrangeiros, enquanto que as obrigações dos bancos estaduais que formavam o seu passivo foi incorporado à dívida pública de cada estado.
Passados vinte anos os estados voltaram a alegar calamidade financeira e exigiram uma nova etapa de renegociação por mais vinte anos e a União, via a Lei Complementar 156 em 2016, mais um vez exigiu a privatização das estatais restantes, especialmente as empresas de água, novamente com cerca de 80% do dinheiro vindo do BNDES.
Além disso, os estados iniciaram um novo ciclo de endividamento interno e externo e incorporaram as reformas propostas pelo governo federal, atacando os servidores e os serviços públicos. Nessas últimas décadas os servidores públicos, das várias esferas, foram colocados como responsáveis pela expansão dos gastos públicos, quando na verdade o serviço da dívida passou a ficar cada vez com uma fatia maior do orçamento público, além de influenciar todo o funcionamento da economia.
A Reforma Administrativa encaminhada pelo governo federal visa sincronizar o fim do serviço público, usando a dívida pública como justificativa. Usar a dívida pública como justificativa para as reformas neoliberais é parte do ritual seguido por vários governos e partidos em diversos momentos do processo de destruição dos direitos sociais nos mais variados países. A atual reforma administrativa proposta é filha tardia desse processo de estabilização da moeda, desestabilização das contas públicas e da economia.
O caráter de classe do Estado fica mais evidente quando analisamos a planilha da Secretaria do Tesouro Nacional4, com dados do Banco do Brasil, que trata da composição da atual dívida dos Estados, em especial a relevância da dívida vinda do PROES sobre a dívida pública dos estados renegociada em 2016. Neste momento podemos ver o impacto dessa incorporação dos passivos dos bancos à dívida dos estados, comprometendo o financiamento dos serviços públicos, conforme dados a seguir.
Em 2016, quando o Estado do Acre renegociou sua dívida publica por mais vinte anos de acordo com a Lei Complementar 156, a participação do PROES no novo saldo devedor era de 93% ou R$ 321 milhões 1 do BANACRE. O Estado de Alagoas tinha uma participação de 35,78% ou R$ 2,3 bilhões derivado do PRODUBAN. O Estado do Amazonas ficava com 100% ou R$ 546 milhões, tendo origem no BEA. O passivo do BANEB representava 72% ou R$ 3,3 bilhões da dívida pública na Bahia. No Ceará o BEC determina 100% ou R$ 879 milhões da dívida que foi renegociada.
Em Minas Gerais a participação do BEMGE era de 29% R$ 23,9 bilhões no saldo refinanciado em 2016. O Estado do Pará tinha no BANPARÁ uma participação de 37,57% ou R$ 360 milhões no saldo devedor renegociado.
O Estado do Paraná neste momento tinha uma participação de 90% ou R$ 8,8 bilhões, vinda do famoso BANESTADO. O Estado de Pernambuco tem uma das participações mais elevadas com 92,3% ou R$ 2,9 bilhões, vinda do BANDEPE sobre a dívida pública renegociada em 2016. O Estado de Rondônia tem no BERON 80,1% ou R$ 1,9 bilhões determinando o saldo renegociado. Em Roraima o BANER responde por 53,3% ou R$ 97 milhões do novo saldo devedor.
O BESC tem uma participação 59,3% ou R$ 5,6 bilhões da dívida renegociada em 2016. O Estado do Rio grande do Norte, repactuado pela Lei Complementar 148/2014 tem 100% ou R$ 254 milhões vindo do Bandern. No Rio Grande Sul o BANRISUL, que não foi privatizado, determina 20% ou R$ 11,6 bilhões do saldo devedor renegociado na referida data. Já no Estado de Sergipe, o BANESE, responde por 10,7% ou R$ 110 milhões, mesmo não tendo sido privatizado.
Para facilitar a compreensão do impacto precisamos lembrar que mesmo esses estados já tendo pago um volume elevado de recursos à União – correspondente a mais de 3 vezes o montante refinanciado na década de 90 – a tabela fornecida pela STN indica que ainda restaria um volume muito grande de dívida originada do PROES, o que compromete o financiamento das universidades estaduais e dos demais serviços públicos.
Os dados apresentados nos remete à necessidade de aprofundamento da auditoria cidadã em cada Estado com um grande destaque para os passivos desses bancos estaduais, que foram transformados em dívida pública, pois onde esta investigação já foi feita se sabe que parte do rombo desses bancos estaduais deriva dos empréstimos tomados pelas burguesias regionais, que detém o poder econômico e por sua vez o poder político estadual e federal; os mesmos que estão defendendo a Reforma Administrativa e que já votaram nas reformas trabalhistas, previdenciária etc.
Dessa forma, a privatização iniciada no final do anos 1990 continua a ser amplificadora da dívida dos Estados, enquanto se tenta a cartada decisiva de liquidação dos serviços públicos com a privatização, com dinheiro do BNDES, das estatais que ainda restam, enquanto os estados continuam a tomar mais dinheiro emprestado junto aos bancos (pagando juros muito mais elevados que os oferecidos pelo BNDES aos beneficiários das privatizações), fazendo renúncia fiscal para os grande grupos e cobrando impostos de pobres e permitindo ao setor financeiro ganhos ainda maiores, enquanto se inviabiliza a manutenção de serviços públicos essenciais à população. Não troque dívida contraída para favorecer os interesses privados pelas universidades públicas.
Notas
1 Ver https://auditoriacidada.org.br/conteudo/artigo-auditoria-e-divida-externa-licoes-da-era-vargas-reinaldo-goncalves/
2 Os acordos vinham se renovando desde a década de 1990. Sobre isso veja nesse livro a partir da página 84 https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Livro-Auditoria-Cidada-da-Divida-dos-Estados.pdf )
3 Ver capítulo VIII do livro “Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados” disponível em https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Livro-Auditoria-Cidada-da-Divida-dos-Estados.pdf
4 Ver https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:26242
*Professor da UFAL, coordenador do Núcleo alagoano pela auditoria ciddã, membro da Rede de Cátedras sobre a dívida pública).
