José Menezes Gomes|
La reforma administrativa enviada por el gobierno federal tiene como objetivo sincronizar el fin del servicio público, utilizando la deuda pública como justificación. El uso de la deuda pública como justificación de las reformas neoliberales forma parte del ritual seguido por varios gobiernos y partidos en diversos momentos del proceso de destrucción de los derechos sociales en varios países.
La actual propuesta de reforma administrativa es hija tardía de este proceso de estabilización monetaria, de desestabilización de las cuentas públicas y de la economía que ha tenido lugar en el Brasil desde 1994. En este proceso se produjo un movimiento de demonización de los funcionarios públicos por parte de los principales medios de comunicación como los responsables del aumento del gasto público y el encubrimiento de la deuda pública como el responsable del compromiso del presupuesto público.
En el ámbito federal, el servicio de la deuda se acerca a la mitad del presupuesto, mientras que en los estados se acerca al 10% de los ingresos corrientes netos.
Para comprender la naturaleza de este proceso debemos ir más allá del escenario nacional y de este momento histórico, ya que es un fenómeno que se ha producido en los Estados que han experimentado el estado de bienestar y en los Estados que no lo han experimentado, especialmente en los países subdesarrollados.
Para comprender en su totalidad tenemos que analizar la descomposición del estado de bienestar. Durante su vida, la expansión de los servicios públicos fue acompañada por la expansión de los derechos de los trabajadores, incluyendo a los funcionarios públicos con énfasis en el concepto de Seguridad Social.
Sin embargo, esta investigación necesita la percepción de lo que ocurrió en el sector privado y en el sector público a finales de los años ochenta, cuando comenzó el desmantelamiento del Estado de bienestar y la introducción del neoliberalismo, inicialmente en Inglaterra y en los Estados Unidos y luego su generalización por el resto del mundo, incluidos los países del socialismo real.
En Rusia la restauración capitalista tuvo lugar con la adopción de la economía de mercado, la privatización de las empresas estatales y una profunda reforma del Estado con ataques a los funcionarios públicos. En ese momento el FMI determinó la adopción de una política de estabilización similar a la que se produjo en el Brasil y en América Latina, que se derrumbó con la crisis rusa y la moratoria en 1998.
Esta transición de la fase del Estado de bienestar, en la que se produjo, a la fase neoliberal fue acompañada por una caída de la tasa de beneficios, especialmente en los EE.UU., por la aceleración de la crisis fiscal y financiera del Estado, por el brutal aumento de la tasa de interés básica en los EE.UU. del 5% al 20%, que transformó los bonos públicos en el objeto de deseo de los capitalistas que vieron en la caída de la tasa de beneficios industriales una oportunidad para obtener mayores ganancias en la compra de estos bonos públicos.
En los Estados Unidos, el proceso de privatización del Welfare y el fortalecimiento de los fondos de pensiones terminaron por permitir que el Welfare privado desempeñara un papel importante en el mercado de bonos y en la renovación de la deuda de los Estados Unidos. Sin embargo, el capital privado que antes estaba en el sector industrial empezó a buscar otras formas de inversión.
En esta dirección, la Reforma del Estado abrió el camino para que el sector privado productivo buscara reducir las funciones sociales del Estado y ofrecer espacio para los servicios privados, sustituyendo al Estado en un proceso de mercantilización de los servicios públicos (salud, educación, seguridad y bienestar).
Mientras que el neoliberalismo se afianzó en los países industrializados a principios de los años ochenta, en Brasil tuvimos el fortalecimiento de los movimientos sociales que llevó al surgimiento del PT y de la CUT, el movimiento de reforma sanitaria que ayudó a la caída del Régimen Militar y generó fuerzas para la Constitución Federal de 1998.
En esta Constitución se introdujo en el Brasil el concepto de Seguridad Social, así como el requisito de la licitación pública en las tres esferas de la administración pública, el permiso para la sindicalización de los funcionarios públicos, la estabilidad laboral y la consolidación de los planes de carrera y de la política salarial para evitar pérdidas salariales.
Sin embargo, los ataques a los servicios públicos comenzaron cuando los derechos garantizados por la Constitución de 88 no estaban debidamente garantizados en la Ley de Presupuesto Anual, que comenzó a dar prioridad a la política de ajuste fiscal con el fin de obtener un superávit primario para el pago de la deuda pública.
La evolución de esta deuda está asociada a la lógica del Plan Real, que ha tenido una gigantesca amplificación debido a los altos tipos de interés practicados para evitar la fuga de capitales. Esto ocurrió en la crisis mexicana de 1995, la crisis asiática de 1997 y la crisis rusa de 1998 y después de 1999 con el fin del anclaje del tipo de cambio y la introducción del régimen de metas de inflación.
Así, la crisis capitalista, cuando se manifestó en la periferia capitalista en el primer momento, terminó determinando el rumbo del desmantelamiento de los derechos sociales para asegurar las condiciones de pago de la deuda pública que creció aún con el profundo proceso de privatización de las empresas estatales impulsado en 1997, con financiamiento público del BNDES, poco después del acuerdo con el FMI.
Cabe recordar que la estabilidad monetaria lograda con el Plan Real hizo posible la elección de Fernando Henrique Cadoso, lo que allanó el camino para diversas reformas y el fortalecimiento del neoliberalismo y el proceso de privatización. Los ataques que ahora se manifiestan en el sector público ya se estaban produciendo en el sector privado con la reforma laboral, que fortaleció el proceso de externalización en todos los sectores.
De la misma manera, la Reforma de la Seguridad Social, que inicialmente llegó al sector privado, también comenzó a llegar a los funcionarios públicos, especialmente a partir de 2003, con el permiso de los fondos de pensiones para los funcionarios públicos, introducidos en 2012. Sin embargo, los sirvientes militares fueron dejados fuera de estas reformas.
En este proceso tuvimos la creación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en el año 2000, que buscaba establecer límites a los gastos de personal sin establecer límites a los gastos financieros. Antes de eso, teníamos el PROER (Programa de Fomento a la Reestructuración y Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional) en 1995, cuando la Unión hizo un programa para salvar a los bancos privados con dinero público.
Luego se creó el PROES (Programa de Incentivos a la Reducción del Sector Público Estatal en la Actividad Bancaria) en 1996, que llevó a la privatización o liquidación de estos bancos, permitiendo eventualmente una nueva centralización del sistema bancario y la desnacionalización, mientras los estados transformaban en deuda pública los pasivos de estos bancos generados por las burguesías regionales.
Así, la privatización iniciada a finales de los años 90 continúa amplificando la deuda de los estados, mientras que la carta decisiva de liquidación de los servicios públicos se intenta con la privatización de las restantes empresas estatales con dinero del BNDES.
Mientras tanto, los estados siguen pidiendo más dinero prestado a los bancos, concediendo exenciones fiscales a grandes grupos y recaudando impuestos de los pobres, lo que permite al sector financiero ganar aún más. No canjear la deuda contraída para favorecer los intereses privados por universidades públicas.
La Enmienda Constitucional 95, que congeló el gasto social durante 20 años, ya había reafirmado la prioridad del dinero público con el servicio de la deuda pública que proporciona a los banqueros grandes ingresos, porque son los principales compradores de valores públicos. El desmantelamiento de los servicios públicos forma parte de una política global propuesta por el Banco Mundial que ha facilitado el empeoramiento de la barbarie social.
Aunque el SUS ha demostrado ser fundamental en la lucha contra COVID 19, lo que observamos es la profundización del intento de liquidar los servicios públicos. Al mismo tiempo, el mismo Estado que propone el exterminio de las licitaciones públicas ha liberado el 80% de los recursos del BNDES para que el sector privado privatice el resto de los estatales. Más grave que esto fue la creación de una ley que permite a la Unión comprar valores podridos de los bancos por valor de hasta 1 billón de reales, poniendo a los banqueros por encima de todo.
El Estado que maneja la barbarie es aquel en el que las funciones sociales se vacían con la ampliación de las privatizaciones y básicamente hace exenciones fiscales para los grandes grupos monopolísticos, cobra impuestos a los pobres, pide prestado a los bancos para contratar obras con los contratistas, libera créditos subvencionados al sector privado, paga intereses a los banqueros, no licita e intenta convertir a los funcionarios públicos en villanos, compra títulos podridos a los bancos, estando totalmente sujeto al sistema de deuda.
En este momento se hace necesario unificar a los servidores de las tres esferas del sector público, junto con los trabajadores del sector privado en defensa de los servicios públicos, denunciando que la deuda pública que está sacrificando el financiamiento de los servicios públicos, surgió de las acciones del Estado a favor, especialmente del sector privado, ya sea por la renuncia fiscal, la evasión, o la transformación de deudas privadas hechas con bancos estatales en deuda pública sin contrapartida social.
En esta dirección, esta unificación debe tener como punto de unión el principio de la independencia de clase. No canjear la deuda pública proveniente de los bancos estatales por el fin del servicio público con la reforma administrativa.
*Profesor de la Universidad Federal de Alagoas- UFAL, Coordinador del núcleo Alagoas para la Auditoría Ciudadana de la Deuda, integrante de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública RICDP
Versión en portugués
Dívida pública, reforma administrativa e o Estado gestor da barbárie
José Menezes Gomes
A Reforma administrativa encaminhada pelo governo federal visa sincronizar o fim do serviço público, usando a dívida pública como justificativa. Usar a dívida pública como justificativa para as reformas neoliberais é parte do ritual seguido por vários governos e partidos nos variados momentos do processo de destruição dos direitos sociais nos mais variados países.
A atual reforma administrativa proposta é filha tardia desse processo de estabilização da moeda, desestabilização das contas públicas e da economia ocorrido no brasil desde 1994. Nesse processo ocorreu um movimento de demonização dos servidores públicos pela grande mídia como sendo os responsáveis pelo aumento das despesas públicos e encobrimento da dívida pública como o responsável pelo comprometimento do orçamento público.
Na esfera federal o serviço o serviço da dívida se aproxima da metade do orçamento, enquanto nos estados fica perto de 10% da Receita Corrente Líquida.
Para entendermos a natureza desse processo temos que ir além do cenário nacional e desse momento histórico, pois se trata de um fenômeno que teve sua ocorrência nos estados que vivenciaram o Estado de Bem Estar e nos estados que não vivenciaram, especialmente nos países subdesenvolvidos.
Para entendermos na sua totalidade temos analisar a decomposição do Estado de Bem estar. Durante a sua vigência a ampliação dos serviços públicos foi acompanhada pela ampliação dos direitos dos trabalhadores, incluindo os servidores públicos tendo com destaque o conceito de Seguridade Social.
Todavia, essa investigação necessita da percepção do que aconteceu no setor privado e no setor público no final dos anos 1980, quando tem início o desmonte do Estado de Bem estar e a introdução do neoliberalismo, inicialmente na Inglaterra e EUA e depois sua generalização pelo resto mundo, incluindo os países do socialismo real.
Na Rússia a restauração capitalista se deu com a adoção da economia de mercado, privatização das empresas estatais e profunda reforma do Estado com ataques aos servidores públicos. Naquele momento o FMI determinou a adoção de política de estabilização semelhante a que ocorreu no brasil e na América latina, que entrou em colapso com a crise Russa e a moratória em 1998.
Esta transição da fase do Estado de bem estar, onde ocorreu, para a fase neoliberal foi acompanhada por uma queda da taxa de lucro, especialmente nos EUA, pela aceleração da crise fiscal e financeira do Estado, pela elevação brutal da taxa básica de juros nos EUA de 5% para 20%, que transformou os títulos públicos no objeto de desejo dos capitalistas que viram na queda da taxa de lucro industrial uma oportunidade de ganhos mais elevados na compra desses títulos públicos.
Nos EUA o processo de privatização da Previdência e fortalecimento dos fundos pensão acabou permitindo a previdência privada um papel destacado no mercado de títulos e na rolagem da dívida estadunidense. Entretanto, o capital privado que antes estava no setor industrial começa a procurar outras formas de investimentos.
Nessa direção, a Reforma do Estado abriu caminho para que o setor privado produtivo buscasse na redução das funções sociais do Estado espaço para oferecer serviços privados substituindo o Estado num processo de mercantilizaçãodos serviços públicos (saúde, educação, segurança e previdência).
Enquanto o neoliberalismo se firmava nos países industrializados no início dos anos 1980, no brasil tínhamos o fortalecimento dos movimentos sociais que levou ao surgimento do PT e da CUT, do movimento da reforma sanitária que auxiliaram a queda do Regime Militar e geraram forças para a Constituição Federal de 1998.
Nessa Constituição foi introduzido o conceito de Seguridade Social no brasil, bem como o exigência do concurso público nas três esferas do serviço público, a permissão de sindicalização dos servidores, a estabilidade no emprego e a consolidação dos planos de carreira e de política salarial para se evitar as perdas salariais.
Todavia, os ataques aos serviços públicos começaram a medida que os direitos assegurados pela constituição de 88 não foram devidamente assegurados na Lei de Orçamento Anual, que passou a priorizar a política de ajuste fiscal para se obter superávit primário para o pagamento da dívida pública. A evolução dessa dívida está associada a lógica do Plano Real que teve uma amplificação gigantesca em função dos juros altos praticados para se evitar a fuga de capitais.
Este fato ocorreu na crise mexicana em 1995, na crise asiática em 1997 e crise Russa em 1998 e depois de 1999 com o fim da âncora cambial e introdução do regime de metas de inflação. Dessa forma a crise capitalista ao se manifestar na periferia capitalista, no primeiro momento, acabou determinando os rumos do desmonte dos direitos sociais para assegurar as condições de pagamento da dívida pública que crescia mesmo com o profundo processo de privatização das estatais impulsionado em 1997, com financiamento público do BNDES, logo após o acordo com o FMI.
Vale lembrar que a estabilidade monetária obtida com o Plano Real possibilitou a eleição de FHC que abriu caminho para as várias reformas e o fortalecimento do neoliberalismo e o processo de privatização. Os ataques que agora se manifesta no setor público já estavam ocorrendo no setor privado com a reforma trabalhista, que fortaleceu o processo de terceirização em todos os setores.
Da mesma forma a Reforma da previdência, que inicialmente atingiu o setor privado passou a atingir também os servidores públicos, especialmente a partir de 2003, com a permissão de fundos de pensão para o servidores públicos, introduzido em 2012. Todavia, os servidores militares ficaram de foradessas reformas.
Nesse processo tivemos a criação da Lei de Responsabilidade fiscal, em 2000, que procurou estabelecer limites aos gastos com pessoal sem estabelecer limites para os gastos financeiros. Antes disso, tivemos o PROER (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional) em 1995, quando o União fez um programa de salvação de bancos privados com uso de dinheiro público.
Em seguida, foi criado o PROES (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária) em 1996, que levou a privatização ou liquidação desses bancos, que acabou permitindo uma nova centralização do sistema bancário e desnacionalização, enquanto os estados transformam o passivo desses bancos gerados pelas burguesias regionais em dívida pública.
Dessa forma a privatização iniciada no final do anos 1990 continua a ser a amplificadora da dívida dos Estados, enquanto se tenta a cartada decisiva de liquidação dos serviços públicos com a privatização das estatais que ainda restam com dinheiro do BNDES.
Enquanto isso, os estados continuam a tomar mais dinheiro emprestado junto aos bancos, fazendo renúncia fiscal para os grande grupos e cobrando impostos de pobres e permitindo ao setor financeiro ganhos ainda maiores. Não troque dívida contraída para favorecer os interesses privados pelas universidades públicas.
A Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, já tinha reafirmado a prioridade do dinheiro público com o serviço da dívida pública que assegura aos banqueiros grandes rendimentos, por serem os principais compradores dos títulos públicos. O desmonte dos serviços públicos é parte de uma política mundial proposta pelo Banco Mundial que tem facilitado o agravamento do quadro de barbárie social.
Apesar do SUS ter demonstrado ser fundamental no combate ao COVID 19, o que observamos é o aprofundamento da tentativa de liquidação dos serviços públicos. Ao mesmo tempo, o mesmo Estado que propõe o extermínio dos concursos públicos, têm liberado 80% de recursos do BNDES para que o setor privado privatizar as estatais que restaram. Mais grave que isso foi a criação de uma Lei que permite a União comprar títulos podres dos bancos no valor de até R$ 1 trilhão, colocando os banqueiros acima de tudo.
O Estado gestor da barbárie é aquele no qual as funções sociais são esvaziadas com a amplificação das privatizações e basicamente ele faz renúncia fiscal para os grandes grupos monopolistas, cobra impostos de pobres, tomar empréstimos junto aos bancos para contratar obras junto às empreiteiras, libera crédito subsidiado ao setor privado, paga juros aos banqueiros, não faz concursos e tenta transformar os servidores públicos em vilões, comprar títulos podres dos bancos, enquanto está inteiramente submetido ao sistema da dívida.
Nesse momento, torna-se necessário a unificação dos servidores das três esferas do setor público, juntamente com os trabalhadores do setor privado na defesa dos serviços públicos, denunciando que a dívida pública que está sacrificando o financiando dos serviços públicos, surgiu das ações do estado para favorecer, especialmente o setor privado, seja via renúncia fiscal, sonegação ou da transformação de dívidas privadas feitas junto aos bancos estaduais em dívida pública sem nenhuma contrapartida social.
Nessa direção, essa unificação deve ter como ponto unificador o princípio da independência de classe. Não troque a dívida pública vinda dos bancos estaduais pelo fim do serviço público com a reforma administrativa.
*Professor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Coordenador do Núcleo Alagoano de Auditoria da Dívida Cidadã, membro da Rede Internacional de Cátedras, Instituições e Personalidades sobre o Estudo da Dívida Pública RICDP
